En tres de los cinco grandes casos de corrupción que se conocen en la justicia dominicana, a los principales imputados ya se les cambió la medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria tras haber cumplido 18 meses en la cárcel.

Se trata de los casos Antipulpo, Coral y Operación 13, en los que sus principales acusados guardan prisión domiciliaria. Solo en los casos Medusa y Coral 5G, los principales imputados están en las cárceles guardando prisión preventiva.

Antipulpo

El pasado 29 de agosto y tras vencerse el tiempo de los 18 meses de la prisión preventiva, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana Wacal Vernavel Méndez, de prisión preventiva a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico.

A Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y quien guardaba prisión preventiva desde diciembre del 2020, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario.

Medina había sido detenido a finales de noviembre de 2020, tres meses después de iniciar el gobierno del presidente Luis Abinader y de su hermano haber salido de la Presidencia.

A Rosa, exdirector del Fonper, se le impuso una garantía económica de 30 millones de pesos y las mismas condiciones que a Medina, mientras que a José Dolores Santana se le fijó una garantía económica de 20 millones de pesos.

Ese mismo día, el tribunal decidió mantener la medida de coerción consistente en prisión domiciliaria a la hermana del expresidente Medina, Magalys Medina, y a Aquiles Christopher, acusados en el caso Antipulpo.

Tras meses después, el pasado 6 de diciembre, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó retirar los grilletes electrónicos a Magalys Medina Sánchez, manteniendo la prisión domiciliaria.

Coral

El pasado 6 de diciembre, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción de prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial; al coronel Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete.

A los cuatro acusados el tribunal ordenó nuevas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, impedimento de salida y la colocación de grilletes electrónicos.

En el caso de Adán Cáceres y Rafael Núñez de Aza se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, mientras que a Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete, 50 millones de pesos mediante la misma modalidad.

El apresamiento de Adán Cáceres, quien durante el gobierno de Danilo Medina se desempeñó como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, fue informado por las autoridades el 24 de abril de 2021.

Operación 13

El caso más reciente es el de la Operación 13, en el que este jueves un tribunal le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario a Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional.

Dicent logró que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogiera el cese de su prisión preventiva por arresto domiciliario, debido a que el acusado ya cumplió los 18 meses reglamentarios de arresto y su libertad era obligatoria.

Dicent guardó los 18 meses en la cárcel de Najayo. El juicio de fondo continuará, pero con el imputado en su casa.

Medusa

El principal implicado en el caso Medusa, el exprocurador Jean Alain Rodríguez se mantiene guardando prisión preventiva por el caso.

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Infografía
Jean Alain Rodríguez cuando acudió a la Procuraduría General de la Repúblicael 29 de junio de 2021. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Junto a Rodríguez, guardan prisión el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo del Ministerio Público.

Jean Alain Rodríguez está detenido desde el 29 de junio de 2021, día en que acudió a la Procuraduría General de la República. Varios días antes de su apresamiento, el exprocurador había sido impedido de salir del país cuando se dirigía a Florida, Estados Unidos.

A finales de este mes de diciembre Rodríguez cumpliría 18 meses de haber sido detenido por las autoridades.

Coral 5G

El general de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Robiou, acusado en el caso Coral 5G, se mantiene guardando prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, la cual le fue confirmada en octubre pasado. Torres Robiou fue detenido a mediados de noviembre de 2021.

Conflicto entre fiscales y jueces

Las decisiones de los tribunales al variarle la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria a estos imputados ha provocado ácidas reacciones de parte del Ministerio Público, principalmente las declaraciones de los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

“Pueden hacer todas las maniobras que han hecho, pero no van a detenernos, no van a detener los casos de corrupción, mientras más acusados manden a sus casas, más horas vamos a trabajar, dedicaremos a cada uno de las decenas de procesos en curso, mientras más campañas de descrédito paguen, nosotros nos seguiremos esforzando más”, afirmó Reynoso a principios de diciembre, cuando fue reconocida junto a Camacho por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

Camacho ha expresado públicamente en varios momentos su descontento con las decisiones de tribunales que han enviado a sus casas con arresto domiciliarios a implicados en grandes casos de corrupción que encabeza. La más reciente fue este jueves, cuando se pronunció ante el cambio de medida de coerción contra el exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent, implicado en el caso de corrupción Operación 13. «Es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva», reaccionó Camacho ante preguntas de periodistas.

Estos ataques no han sido ignorados por los jueces. La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo) rechazó mediante comunicado, las declaraciones de estos fiscales. “Reiteramos nuestra preocupación en cuanto al daño que es capaz de producir abandonar el orden legal e institucional, sustituyéndolo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso y que afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación”, dijeron en el comunicado.

La carta de Miriam Germán

Este viernes se ha conocido una carta enviada por la procuradora general de la República, Miriam Germán, a los procuradores adjunto, en la que les pide «obviar la crítica ácida» contra jueces por sus decisiones.

Germán Brito señaló, no obstante, que el cuestionamiento a los miembros del Poder Judicial, en el contexto de sus atribuciones, es sano, no ocurriendo así cuando este se da de manera “fuerte”

“La crítica, a veces fuerte, a las decisiones del proceder judicial no puede entenderse en una crítica al juez como persona, es decir, a su reputación”, significó.

Dijo también que, aunque “hay decisiones que deben ser cuestionadas” existen recursos para hacerlo debidamente y que sea a través de los medios de comunicación. Citó entre éstos al sometimiento de recursos, “con respeto y transparencia, pero bien fundamentado y con una exposición clara de los agravios”.

«No podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso. Nuestro trabajo es, ante todo, defender los intereses de la sociedad, incluso del imputado cuando sabemos que no hay pruebas o surgen pruebas en beneficio de éste», enfatizó Germán.

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