El Ministerio Público afirmó este viernes que las empresas manejadas por Alexis Medina Sánchez, procesado por corrupción administrativa, operaban como un “verdadero pulpo” que enfocaba sus relaciones comerciales casi en exclusiva con el Estado dominicano que era dirigido por uno de los hermanos del procesado.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó el avance del proceso.

“En el día de hoy estuvimos viendo cómo el entramado de las empresas manejadas por Alexis Medina Sánchez funcionaba como un verdadero pulpo. Cómo estas empresas tenían relaciones comerciales casi en su totalidad con el Estado dominicano como único cliente, cómo estas compañías fueron creadas en su mayoría al asumir el poder Danilo Medina, y cómo el objetivo de las mismas era realizar estas contrataciones ilegales”, enfatizó.

Sostuvo que Juan Alexis Medina Sánchez salía y entraba de estas empresas como socio, accionista o representante “medalaganariamente”, con el objetivo de estar o no estar, dependiendo de la empresa estatal con la que se iba a contratar.

“Se evidenció también el vínculo que existía entre estas empresas, ya que de las transacciones comerciales se pudo observar cómo estas empresas se capitalizaban una a la otra con el objetivo de poder tener los ingresos que justificaran las contrataciones fraudulentas con el Estado dominicano”, subrayó.

Al referirse al proceso dijo: “vamos a buen ritmo. Ya para la próxima audiencia del lunes entendemos que culminaremos con las empresas que nos restan. Entraremos a la parte del financiamiento ilícito de campañas políticas y expondremos la calificación jurídica. Ya después de ahí lo que correspondería sería la presentación de las pruebas”.

Mirna Ortiz produjo sus declaraciones al hablar con la prensa luego de finalizada la audiencia de este viernes.

Mirna Ortiz encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia junto a Ernesto Guzmán, Héctor García y Yoneivy González.

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continúa conociendo la acusación del Ministerio Público.

En la audiencia de este viernes, celebrada por asuntos de espacio en la Sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los representantes del Ministerio Público leyeron la acusación desde la página 832 hasta la 1,038, de unas 3,445 páginas que contiene el expediente.

El Ministerio Público acusa por el caso a Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

El proceso judicial también se sigue contra el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Por igual, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

La acusación señala que la compañía General Supply Corporation S.R.L. incurrió en conductas ilícitas para cometer hechos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y la Oisoe,  la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y en otras instituciones públicas, compañía Indica que la compañía General Supply Corporation S.R.L. con su accionar también afectó la libertad de empresa en cuanto se convirtió en un monopolio en algunas instituciones públicas por el tráfico de influencias y pago de sobornos a través de cheques emitidos por la misma, en la que la empresa resultó adjudicataria de bienes y servicios que rompieron todos los principios y normas de la ley de compras y contrataciones y su reglamento.

Específica que esta compañía utilizó y contrató profesionales tales como contables, para adulterar, falsear y omitir informaciones a los fines de cometer los hechos delictivos, lo que se conoce como PML, Profesional Money Laundry, profesionales del lavado de dinero.

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