Quienes consideran que la resistencia a una reforma profunda de la Policía Nacional está al interior del cuerpo del orden, pueden estar equivocados y ese desenfoque presenta como culpables a quienes en realidad son víctimas parciales: los policías.

Los que han impedido que la Policía sea un cuerpo técnico, competente, equipado, con robustez institucional e independencia para hacer su trabajo con apego a la ley y vocación de servicio, son los políticos que tradicionalmente la han usado para degradar a sus oficiales a subordinados sin capacidad de resistir órdenes arbitrarias, ilegales y ajenas a sus atribuciones.

Hasta hoy ningún funcionario ha permitido, ni mucho menos impulsado, que la Policía disponga de los recursos y la dinámica propia de un cuerpo técnico capaz de lidiar contra el crimen, el delito, hacer respetar los derechos y estimular el cumplimiento del deber.

Los funcionarios públicos no han permitido que aquí haya una Policía con determinación y crédito público para detener y entregar al ministerio público a un hijo o un allegado de un ministro, de un legislador, de un oficial militar, de un gran empresario, a pesar de que lo encuentre cometiendo violaciones de la ley.

Funcionarios que no se respetan y oficiales de Policía temerosos de caer en desgracia con los jefes políticos, siempre se han puesto de acuerdo “para buscar un bajadero” a situaciones que en cualquier país con un mínimo de institucionalidad, jamás escaparían de ir a la justicia.

Eso es lo que explica que miles de policías y militares –muy mal pagados– estén hoy dando protección y asistencia a ministros, legisladores, empresarios, periodistas, galleros, tiendas, supermercados, farmacias, discotecas, condominios, plazas comerciales y otros intereses particulares.

Y esos policías están al servicio de particulares no por decisión del director de la Policía o un oficial de alto rango, sino atendiendo a peticiones formuladas por funcionarios públicos y por partes interesadas con capacidad de “calentar” con el “Superior gobierno”  a quien se resista en el cuerpo del orden.

Naturalmente, nadie se resiste, y menos si esa aceptación permite “estar fríos” con el poder político y recibir beneficios para los policías que todos los que no sean suecos saben que suben en pirámide invertida.

Síntomas de reforma

No creo que los políticos renuncien al privilegio de tener oficiales de Policía a los que con una llamada telefónica les imponen una orden de dejar en libertad a un delincuente protegido o incluso encarcelar y molestar a un adversario o un competidor en negocios.

Si los hubiere de hoy en adelante, nos daríamos cuenta por señales muy puntuales que advertirían que la reforma policial va en serio.

-Cuando los policías dominicanos devenguen salarios que les permitan vivir dignamente, con ingresos suficientes para que puedan comer en la calle y sus familias en la casa, sus hijos estudiar y disponer de atención médica segura.

-Cuando solo sean asignados policías para la seguridad del Presidente y Vicepresidente de la República, los jueces y fiscales, así como a personas que estén bajo amenaza y el ministerio público disponga su protección.

Los ministros, legisladores, empresarios y demás personas deben acogerse a las garantías generales que otorga la Policía Nacional a todos los ciudadanos y si consideran que no son suficientes, que contraten seguridad privada del país o del extranjero.

Hugo Tolentino Dipp era canciller, siempre andaba sin escoltas y nunca le pasó nada, para citar un ejemplo.

La reforma irá en marcha cuando solo el Presidente de la República y el Vicepresidente tengan policías franqueadores con autoridad para detener el tránsito para ellos pasar, pero no así el resto de los funcionarios que pueden perfectamente movilizarse sin esos privilegios.

Mientras cualquier funcionario y jefe policial o militar tenga la “autoridad” para que sus franqueadores les abran paso deteniendo a todo el mundo, en este país nunca se va a resolver el embotellamiento de calles y avenidas. ¿Para qué?

Los policías

No hay que cansarse de repetir que la gran mayoría de los oficiales y policías son hombres y mujeres honestos en su proceder, protectores del ciudadano, incapaces de humillar y golpear a un preso.

Personalmente tengo amigos muy queridos entre ellos que saben que siempre me he ocupado de salir al frente de injusticias en su contra y de defender sus derechos dando la cara sin dobleces.

Los policías ladrones, torturadores, asesinos, extorsionadores, son pocos pero nadan con ventaja dentro del cuerpo del orden porque los honestos no son capaces de enfrentarlos, denunciarlos y hacerlos salir.

El silencio de los honestos, obligados por la “disciplina” que han impuesto los políticos sobre la Policía, los torna impotentes y los ata de pies y manos para no aceptar convivir con delincuentes uniformados, con el escudo en la frente y un arma de la República en el cinto.

Siendo minoría, los policías perversos ensucian a todo el cuerpo y a pesar de las acciones heroicas que hacen los honestos contra la delincuencia y a favor de la ciudadanía, la gente retiene y enrostra los atropellos, pasando por alto lo bueno.

Gestión del general Then

Cuando policías mataron a golpes a José Gregorio Custodio el 18 de abril en Ocoa, ya habían hecho lo mismo con Richard Báez en Santiago, pero apenas se sabía.

En el caso de Gregorio, a pesar de que fue notable el interés del gobierno de que el crimen quedara en la nebulosa como el de Santiago para “no dañar la imagen del país” y no darle la razón al informe de violación de los derechos humanos divulgado días antes por Estados Unidos, el comportamiento de la prensa nacional y las redes sociales, líderes de opinión y familias, fue ejemplar al exponer el asesinato.

Si la Policía no tuviera que sujetarse a las líneas que les trazan los políticos, no tengo dudas de que hubiesen arrestado a esos policías, los entregaban al ministerio público y su imagen resplandeciera ante la opinión pública.

Pero como no lo hizo, sino que permitió que los asesinos se escudaran entre los honestos para seguir haciendo lo mismo, vino el crimen de David de los Santos en el Distrito Nacional.

Ya no hubo tiempo para más: el mismo presidente Luis Abinader tuvo que condenar ese crimen, pese a que cuando le preguntaron en Bonao por la muerte de Gregorio, no la condenó y dijo que esa era la Policía que había salido de la Academia hace cinco años.

La gestión del general Then venía con logros muy palpables para la ciudadanía, sobre todo al terminar de un plumazo con el abuso de los retenes y redadas ilegales en todo el territorio nacional, que como él mismo describió, iban contra los ciudadanos honestos porque los delincuentes no pasan por retenes. Su cercanía con la ciudadanía es evidente y el gesto de acudir a la casa de la madre de Gregorio en Ocoa, pedir y lograr que se suspendiera la primera marcha y dar el pésame a sus familiares, demuestran que si no ha limpiado a la Policía de lacras, es porque hay ramos que no se pueden podar muy fácilmente.

La autopsia funesta

Lo que se ha filtrado del examen forense del cuerpo de Custodio concluye que el hombre que comenzó a ser torturado desde su detención en la madrugada en el interior de una clínica, lo que está documentado con videos, murió por un infarto al miocardio.

¿Puede una tanda de palos que dejaron sus marcas visibles en el cuerpo de Custodio inducir a un infarto mortal?

En un hombre de 38 años que no tenía diabetes, ni hipertensión, que tenía tan buena salud que estaba celebrando el Sábado Santo tomando aguardiente, ¿qué otra cosa podría inducirle al infarto que no fuera la insoportable paliza?

Si el ministerio público no toma en cuentas todas las circunstancias que rodean esta muerte y se acoge al dictamen forense y al miedo de los fiscales provinciales, que se prepare para cuando esos mismos policías envalentonados por la impunidad, nos brinden un entierro de primera categoría. Igualito que cuando David.

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