Decenas de jueces han sido sometidos a juicio disciplinario por  haber incurrido en faltas durante el ejercicio de sus funciones, siendo varios de ellos destituidos, algunos suspendidos y otros fueron descargados.

Para ejecutar esas acciones disciplinarias o penales, la autoridad judicial se acoge a la Ley 327-98 de Carrera Judicial que señala 36 faltas por las cuales los jueces pueden ser sancionados de forma disciplinaria, con medidas que incluyen  la amonestación oral y escrita, la suspensión y la destitución, dependiendo del hecho que haya incurrido.

Cuando las faltas son graves, como las 14 contenidas en el artículo 66 de esa ley, que establece que solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermediario, comisiones en dinero o en especie, así como  tener participación en firmas o sociedades que tengan relaciones económicas, cuando estén vinculados a un asunto que conozca el juez, la es la destitución.

Ese es el artículo que la Inspectoría del Poder Judicial atribuye haber violado al juez de instrucción, Juan Francisco Rodríguez Consoró, por lo cual solicitó la suspensión por un período de 4 meses, al Consejo del Poder Judicial (CPJ),  que es el órgano constitucional de control disciplinario del Poder Judicial.

En la actual composición del CPJ, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, son escasos los sometimientos disciplinarios, contrario a la pasada gestión del magistrado Mariano Germán, que abundaron los procesos de esa naturaleza.

Molina fue designado en la Suprema en abril del 2019 y se ha notado una defensa a la labor de los jueces, pues en un encuentro con periodistas declaró que son personas “serias, honestas, responsables y trabajadoras”.

Uno de los casos encontrados en los archivos digitales de los medios de comunicación, corresponde a la suspensión, en enero del 2021, del juez Leonardo Recio Tineo.

Se trata de un  miembro del  CPJ, órgano  que apoderó a la Inspectoría General para que investigue a ese magistrado, por haber hecho ataques contra ese órgano al que pertenece y a su presidente, a quien acusó de incurrir en irregularidades.

Destituciones

Las destituciones que cobraron  más notoriedad  correspondieron a  la jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Awilda Reyes, y del consejero Francisco Arias Valera, estando al frente del CPJ el magistrado Mariano Germán.

Fueron acusados en el 2015 de faltas graves, y sometidos tanto a un proceso  disciplinario como penal, promovidos por la Procuraduría General, en la gestión de Francisco Domínguez Brito.

Se les atribuyó formar parte de una estructura mafiosa de jueces y empleados del Poder Judicial que se dedicaba a liberar a narcotraficantes y lavado de activos, lo cual fue negado por los acusados.

El CPJ le conoció un juicio disciplinario a Reyes, que concluyó con su destitución en el 2017, aunque para esa fecha ya había renunciado, al igual que lo había hecho  el consejero.

En enero del 2022,  la jueza Francesca Potentini Rosario, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la extinción de la acción penal contra Reyes, pero  ordenó la continuación del juicio preliminar en contra del exconsejero.

Otras destituciones fueron dispuestas en  abril de 2018, afectando a la jueza   Enidia Altagracia Olivares,  presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia  de Duarte, luego de un juicio disciplinario, al igual que  a Claudia Canaán Díaz, jueza del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez.

En el 2017,  el CPJ también destituyó al juez del Tribunal de Ejecución de la Sanción de la Persona Adolescente de San Pedro de Macorís, Efraín Silva Mercedes.

En el 2016, fueron destituidos los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, al igual que  el magistrado de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía.

En febrero del 2012,  el CPJ destituyó a la juez Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil de La Romana; y a Adolfo Oscar Caraballo,  juez de Tierras de Higüey, en La Altagracia.

Suspensiones

En el 2017, fue suspendido  el juez presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Rafael Pacheco y enviado a juicio disciplinario.

Juicios disciplinarios

En un trabajo publicado por Listín Diario en el 2016 se estableció que  entre el 1998 y el 2016 se habían producido 121 sometimientos de jueces a juicios disciplinarios.

Esos juicios  concluyeron con la destitución de 52 magistrados, la suspensión  de 18 sin disfrute de sueldo,  y la amonestación por escrito a cinco.

Mientras,  37 fueron descargados, hubo dos archivos definitivos, tres querellas desestimadas y 9 renunciaron para evitar el juicio disciplinario.

1 Comentario

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here